Hay 19 proyectos anticorrupción para ajustar y llevar al Congreso

Se acordó una metodología de trabajo que pone a salvo la manera de resolver las diferencias entre los actores para seguir adelante con este primer gran acuerdo de todas las fuerzas políticas y el Gobierno.

A partir de este viernes los partidos se reunirán en comisiones temáticas que tendrán la labor de afinar los proyectos y dejarlos listos para radicarlos en el Congreso el próximo 17 de septiembre.

También se acordó trabajar por separado los proyectos de reforma política y de reforma electoral. Los primeros tienen que ver con temas como el establecimiento de las listas cerradas para elegir miembros de corporaciones públicas y los segundos con la reestructuración de los órganos electorales como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.

Las principales promotoras de la consulta anticorrupción, Claudia López y Angélica Lozano, presentaron una propuesta de reforma constitucional para reducir en cerca de dos y medio salarios mínimos por año los ingresos de los congresistas y de altos funcionarios del Estado, hasta dejarlos en un tope de 25 salarios mínimos. Eso demoraría 10 años.

En el mismo proyecto se propone que el ahorro por la reducción gradual de los salarios de los congresistas, que llegaría a 240 mil millones de pesos año, será destinado a mejorar los ingresos de jueces y fiscales municipales, y de soldados y policías.

La fórmula de López y Lozano, para desarrollar el primer punto de la consulta anticorrupción, es apenas una propuesta, pero según dijeron ambas lideresas, no tuvo oposición mayor entre los partidos.
Esta mesa, que se acordó tras la llamada Cumbre de Palacio de la semana pasada, es liderada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

Por los lados del Ejecutivo ya se radicaron ante el Congreso cinco iniciativas: hacer públicos los bienes de quienes sean servidores públicos, ampliar los pliegos tipo, limitar a tres los períodos en corporaciones públicas y la imprescriptibilidad en los delitos contra la administración pública. A estos se suma la reforma política.

El Partido Liberal, según reveló el representante Harry González, llegó con una propuesta para reglamentar el llamado cabildeo o lobby en el Congreso. 

Por parte de Cambio Radical (CR) se puso en discusión unas normas que buscan aumentar los jueces con facultades para extinguir bienes provenientes de actos corruptos y obligar a que los funcionarios públicos publiquen su declaración de renta de los últimos cinco años.

CR también propuso que ninguna entidad pública pueda contratar más del diez por ciento de su presupuesto anual de manera directa.

La primera reunión de los miembros de la mesa técnica para avanzar en los proyectos anticorrupción dejó la sensación de que el proceso va bien.

Veeduría anticurrpuoción 

La exsenadora Claudia López anunció este jueves la creación de una veeduría anticorrupción. 

Esta veeduría, compuesta por 70 organziaciones, será la encargada de vigilar todo lo relacionado con los proyectos anticorrupción de la consulta del pasado 26 de agosto y además de los que se presenten por parte del Gobierno y de los partidos políticos ante el Congreso.

López, quien será veedora, afirmó que el mandato ciudadano es muy importante y por esta razón “vamos a hacer cumplir los compromisos y los tiempos para que en diciembre estén las normas anticorrupción” y extendió una invitación para que “la ciudadanía y los medios de comunicación también se comprometan y nos ayuden a hacer seguimiento”.

La veeduría tendrá tres objetivos específicos, primero vigilar la mesa técnica propuesta por el Gobierno desde el Ministerio del Interior; la segunda será la observación del trámite para que estos proyectos se radiquen antes del 17 de septiembre como se prometió y por último emitirán un boletín de seguimiento cada 15 días para informarle a la ciudadanía de cada paso que se dé en torno a estos proyectos.