El movimiento "Ni una menos" reunió este miércoles a miles de personas en las calles de varias ciudades de Argentina, entre ellas la ciudad de Resistencia, en unas manifestaciones en las que demandaron justicia por la joven Úrsula Bahillo, asesinada este mes a los 18 años, y una nueva reforma judicial.
El femicidio de Úrsula Bahillo hizo estallar la impunidad. Los pedidos de ayuda por violencias de género ya no pueden encontrar puertas cerradas y oídos sordos. La adolescente había recurrido 18 veces a oficinas públicas, pero ningún mecanismo estatal funcionó y Matías Martínez la asesinó. Que el Estado tiene la obligación de responder es algo que dicen las leyes, que reclaman las organizaciones y desvela –o debería desvelar-- a funcionarias de los distintos poderes. Todo se revela insuficiente tras un femicidio tan evitable.
Úrsula Bahillo fue asesinada por su expareja, un policía de la provincia de Buenos Aires, el 9 de febrero.
El caso conmovió a Argentina en las últimas semanas debido a que la joven había denunciado a su agresor, había hablado con sus amigas sobre el tema, y esto no bastó para salvar su vida.
Su femicida, Matías Martínez, es un agente vinculado a la fuerza de la provincia de Buenos Aires, que ya contaba con una denuncia por violación a una menor y otras por violencia machista.
En lo que va del año, 44 mujeres fueron asesinadas por hombres en el país sudamericano, según denunció el colectivo feminista Ni Una Menos, que convocó a una concentración para este miércoles frente a los tribunales de justicia en Buenos Aires y está prevista que se repitan las manifestaciones en otros puntos del país.
De los femicidios registrados en 2021, el 25 por ciento tenían denuncias previas, y de esas la gran mayoría tenían incluso libradas las medidas de protección, sin embargo no pudieron evitar los desenlaces fatales.
No queremos más muertes por ausencia del Estado, si no hay cambios rotundos y profundos, los femicidios, transfemicidios y otros crímenes aun invisibles seguirán ocurriendo, tampoco queremos más muertes por complicidad política con la policía, estamos exigiendo que todas las medidas que están ya en su gran mayoría plasmadas en las leyes vigentes se ejecuten en la realidad.
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