Grupos indígenas y el gobierno llegan a acuerdo en Ecuador tras 12 días de protestas y enfrentamientos

QUITO.- Ecuador vuelve a la normalidad tras 12 días de protestas protagonizadas por grupos indígenas que llegaron a Quito para exigir la derogatoria del decreto presidencial 883, que eliminó el subsidio a los combustibles.

Tras cuatro horas de diálogo con el presidente del país, Lenín Moreno, y sus ministros, los líderes del movimiento indígena aceptaron desmovilizar a su gente a cambio de que el decreto 883 sea reemplazado por un nuevo texto que favorezca a los sectores más populares.

Representantes de la Iglesia y de las Naciones Unidas en Ecuador actuaron como mediadores de este acercamiento que, por pedido de los indígenas, tuvo una parte televisada. Uno de los argumentos expuestos por el gobierno ecuatoriano fue que el subsidio de los combustibles beneficia a los narcotraficantes que usan la gasolina barata que se consigue en Ecuador para sus actividades ilícitas.

“Aca hay dineros del narcotráfico, saben que a través del costo de la gasolina disminuyen sus costos en frontera para transformar las hojas de coca en la cocaína que tanto daño hace en el mundo”, dijo el presidente Moreno.

El mandatario, sin embargo, eludió un tema medular para los indígenas: la reducción del gasto público y los compromisos convenidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que desembolsó créditos por 4,209 millones de dólares.

Los indígenas, en su turno, pidieron que se transparenten los acuerdos con el FMI y sugirieron otras formas de llenar las arcas del Estado como suprimir el sueldo vitalicio que reciben los expresidentes de Ecuador, incautar los bienes a los corruptos o poner un impuesto para las personas con mayores ingresos.

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), también habló de los perjuicios que genera el alza de combustibles: “Es una medida que golpea a los estratos más pobres, sus gastos en transporte y en canasta básica se incrementan. Es una medida que no genera beneficio social, más bien injusticia social”.

El texto del nuevo decreto se empezó a trabajar en Quito, a puerta cerrada, mientras el domingo se extinguía. Fuera del lugar de las negociaciones estallaban petardos y sonaban las bocinas de algunos carros que se animaron a romper el toque de queda. No era para menos, solo un día antes los vecinos de la capital se pusieron de acuerdo en redes sociales y salieron a las terrazas de sus casas a hacer sonar cacerolas y pedir paz.

Hasta ese momento se contaban siete muertos (cifra que los indígenas elevan a 10), 1.152 personas detenidas y 1.340 heridos en todo el país, según la Defensoría del Pueblo.

Los habitantes de Quito, que entre 1996 y 2007 vieron caer a tres mandatarios, se mostraron temerosos durante todo el fin de semana por el aparecimiento de grupos particularmente violentos que se tomaron el edificio de la Contraloría del Estado, que guarda pruebas documentales de casos de corrupción, y atacaron a tres medios de comunicación.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) se desmarcó de estos actos violentos a través de sus redes sociales, pero no sirvió de nada porque el gobierno ordenó el sábado la militarización de la ciudad y sus valles.

La represión fue más fuerte, sobre todo, en el epicentro de la manifestación, un parque aledaño a la Asamblea Nacional. Un grupo de auxilio ambulante, compuesto por médicos, enfermeros y estudiantes de medicina, que se organizaron en un grupo de whatsapp para asistir a los heridos de forma voluntaria, atendió a heridos con perdigones y suturó una infinidad de heridas provocadas por el impacto de las bombas lacrimógenas.

Fuera de la capital, en el centro del país se registró la retención de dos alcaldes, uno de ellos fue retenido cuando intentó mediar para la liberación de un grupo de uniformados que fueron capturados por los manifestantes. También hubo reportes de motines en centros de detención, pero la Fuerza Pública terminó por contener todos estos brotes de violencia.

El porqué del descontento

El decreto presidencial 883 permitiría a Ecuador recuperar los 1.300 millones de dólares que gasta al año en subsidios. Pero sin esa ayuda estatal, los combustibles en Ecuador aumentaron considerablemente: el galón de diésel pasó de 1,03 a 2,27 dólares, mientras que la gasolina extra, de 1,85 a 2,30 dólares.

Los transportistas salieron a la calle inmediatamente, pero negociaron el incremento de sus tarifas y abandonaron la protesta pronto. Los indígenas, que usan maquinaria a diesel en sus labores agrícolas, y otros sectores sociales mantuvieron el pulso hasta conseguir la promesa de que se elaboraría un nuevo decreto.