Del Prosol y ocultos objetivos (Carlos Vacaflores)

Si hay un objetivo estratégico de clase, en la gobernación de Oliva, es la desarticulación del Prosol como mecanismo financiero para potenciar la economía comunitaria campesina, por la simple razón de que se potencia económica y políticamente al sujeto social  que disputa efectivamente el control territorial del departamento a la clase dominante: el campesino, su antagonista político cuasi natural.

La transferencia directa de recursos públicos a las comunidades campesinas ha sido el mecanismo más eficiente y efectivo de la historia boliviana para promover la reconstitución de las condiciones productivas de las comunidades campesinas en el departamento de Tarija (que fuera destruida justamente por esa vieja clase terrateniente a lo largo de toda la historia colonial y republicana), llevando al campesinado a niveles de desarrollo económico sin precedentes en la historia de este país, acrecentando sus capacidades políticas y económicas, con lo cual empieza a constituirse en un peligroso adversario político con capacidades reales para disputar el poder, como lo demuestra al ocupar cargos políticos antes proscritos en la estructura departamental, y es justamente por esa condición objeto de constante asedio por la clase dominante tradicional, y su estructura clientelar subsidiaria.

El mecanismo ideado por los campesinos, y arrancado a la fuerza al Estado (porque algo así de inconveniente a sus intereses no lo suelta la clase dominante de puro gusto), es de lejos más eficaz que el mecanismo tradicional de inversión que tanto le gusta a la clase política tradicional utilizar: la licitación de servicios intermediada por el “político”, en el cual se apropia del recurso público por la vía de la famosa “coima”, que es en el fondo su preocupación y motivo central para buscar la desarticulación del Prosol, ya que este mecanismo le quita la posibilidad de beneficiarse de la corrupción.

Para justificar esto, la clase dominante se inventa una serie de argumentos sin sustento demostrativo, como la aseveración de la supuesta corrupción generalizada en la ejecución de los proyectos comunitarios, que nunca fue documentada de forma categórica; o bien aduciendo absurdos como que la producción campesina en Tarija no es “comunitaria”, en una desacertada interpretación del comunitarismo constitucional como condición de autodeterminación del sujeto social, no así como sinónimo de producción asociativa o cooperativa (también prevista en el texto constitucional), y desde esa conveniente interpretación, no justificaría entregar recursos a la organización comunal, sino al productor individual (léase “desarticulado, fragmentado, desorganizado”, por tanto, políticamente anulado), demostrando una torpe maniobra como clase dominante para desmontar el justo logro de sus antiguos arrenderos, tratando de frenar el inevitable cambio social en curso que altera las relaciones de poder entre antiguos patrones y arrenderos.

Así, es evidente la miopía política de la gobernación para construir nuevos escenarios de articulación societal en la región, planteando más bien una recomposición de viejos mecanismos de sujeción subalterna de sujetos sociales como el campesinado, en base a creencias de lealtad emocional justificadas en supuestas condiciones de superioridad e inferioridad imperantes antes de la revolución del 52, delineando los dos proyectos políticos en disputa para este país: el anacrónico orden de desigualdad señorial-burgués, frente al nuevo orden pluralista de sujetos sociales emancipados, articulados en verdaderos pactos sociales igualitarios.