Normativas que significan mayores derechos

En las Fuerzas Armadas de nuestro país, a partir de 2003 se comenzaron a aplicar medidas para modernizar y democratizar el área de Defensa, consolidándose la conducción civil de las fuerzas y planificando los programas de enseñanza y educación destinadas a las fuerzas armadas para promover mayor conciencia en quienes integran las Fuerzas Armadas sobre su calidad de ciudadanos con derechos y como funcionarios públicos cuya conducta debe estar supervisada por el Ministerio de Defensa. En este contexto es relevante la creación de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional a partir del decreto 1648 del 2006. A su vez la Dirección Nacional depende de la Secretaria de Estrategia y Asuntos Militares con dependencia directa del Ministro. Es fundamental mencionar las competencias que corresponden a esta Dirección relacionadas a la dirección y coordinación de las medidas para aplicar y difundir el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario tanto en el área civil como militar de la defensa.

En este sentido se puede observar y advertir una mayor conciencia para fortalecer aquellas cuestiones y aspectos vinculados a los derechos humanos tanto en relación con la sociedad civil como en el interior de las Fuerzas Armadas. Para ello es relevante la formación de docentes y la educación del personal de este ámbito.

Asimismo, es importante la acción de la Dirección de Memoria Histórica y programa que se encarga promover las políticas de verdad y justicia que el gobierno nacional desarrolla desde el 2003. Respecto a este tema, cabe destacar el decreto sancionado por el Poder Ejecutivo para la creación del archivo de la memoria, que depende de la Secretaria de Derechos Humanos con el objetivo de defender el derecho a la verdad, justicia y reparación de víctimas y familiares de la última dictadura militar. Esta búsqueda de la verdad se enmarca con el derecho de acceso a la información pública para difundir y preservar la memoria colectiva.

Al respecto es interesante mencionar como hito fundamental, el decreto 4 del 2010 que permite la clasificación de seguridad a la documentación vinculada con el accionar de las fuerzas armadas en el período de la última dictadura. En este sentido se posibilitó que se desclasifique mucha documentación, permitiendo avanzar en investigaciones y condenas a represores de la última dictadura. Este escenario de decretos y leyes se completa con la ley 27275 del 2016 del acceso a la información pública, el que establece la obligación del estado de poder dar acceso a información vinculada a violaciones de derechos humanos.

Por último, no menos importante es destacar el nuevo sistema de justicia militar, regido por la ley 26394 y su decreto reglamentario del año 2012 que deroga el viejo código de justicia militar de la ley 14029 del año 1951. Dicho código hacía una distinción entre personal civil y militares, a través de la creación de un fuero especial que solo abarcaba al personal militar que quedaba al margen del orden jurídico y constitucional. Es decir, se trataba de un sistema cerrado que no respetaba garantías del debido proceso ni las garantías constitucionales que deben tener todos los ciudadanos en un proceso judicial. Es por ello que se crea un nuevo sistema adecuado a estándares internacionales de derechos humanos, con un sistema disciplinario basado en identidad de género e igualdad de derechos.

De esta manera puede analizarse de manera concreta cómo la normativa acompañó la evolución e incorporación de los derechos humanos posibilitando a través de leyes y decretos que permitieron crear distintos organismos destinados a la aplicación de ciertas medidas que otorgan mayores derechos y garantías tanto al personal civil y militar del sector Defensa como a la sociedad civil en su conjunto.