El quiebre de la democracia leido en el informe de la gestión de Adrian Oliva (Pilar Lizárraga A.)

Los procesos de movilización social han permitido avanzar desde la acción del sujeto en el proceso de construcción de la democracia intercultural y de la condición de la plurinacionalidad y significar, la política pública constituyendo un instrumento que permita democratizar los procesos de redistribución de recursos a sectores históricamente excluidos del acceso a ellos. Por tanto, la construcción de la democracia intercultural no puede ser leída sólo desde el campo del sistema de representaciones políticas y del ejercicio legislativo, sino también de la expresión legítima que alcanzan las formas de vida y las lógicas económicas diferentes, expresadas en las formas diversas de articular la economía, la producción y su relación con la naturaleza, que demandan expresarse en una institucionalidad específica que refleje su especificidad y que desde esa visualización le permita avanzar en el ejercicio de su condición de sujetos sociales, económicos y políticos coherentes.

Una tarea fundamental de la democracia intercultural implica una restitución, en términos institucionales, de la heterogeneidad societal, lo cual es planteado a partir de la concepción de la economía plural como modelo que amplifica la concepción de la economía y le asigna al Estado obligaciones y roles con la complejidad y diversidad de la economía en su conjunto, superando más bien el pensamiento “capitalocéntrico” que sacraliza sólo la dimensión capitalista de la economía, ocultando y negando las otras dimensiones que también hacen parte de la economía y que son practicadas por los sujetos menos poderosos, como la economía comunitaria, la economía asociativa, la economía pública, además de la economía privada, individual o capitalista. Esta forma unidimensional de concebir la economía es parte de la lógica dominante, que busca construir una visión homogénea de la sociedad, de la economía y de la política, con lo cual se justifica una estrategia de control de los recursos públicos para canalizarlos sólo en el sentido de la lógica económica capitalista, es decir, hacia los sectores sociales dominantes. De allí surge una idea de desarrollo que se justifica asimismo como proyecto civilizatorio, como una estrategia de consolidación de la lógica capitalista por sobre las otras lógicas económicas, y que coloca a los agentes que controlan esta lógica económica como los agentes predestinados a ocupar los puestos de comando en la institucionalidad que hace funcionar al Estado.

Esta dinámica funciona en la medida que los grupos con poder controlan la institucionalidad pública y privada para canalizar los recursos hacia sus intereses, y esto es posible en la medida que el imaginario social acepta esta dinámica. Sin embargo, reducir la acción de la política pública sólo hacia la lógica económica que controlan las clases dominantes implica que las clases sociales subalternas perciban esa lógica como correcta, lo cual no acontece así del todo, entonces se producen rupturas recurrentes que permiten aflorar el pensamiento antagónico desde los sectores subalternos y se establece así una disputa por los modelos de desarrollo, donde las clases subalternas presionan a las clases dominantes para diversificar el accionar de la política pública y ampliar el rango de apoyo hacia las otras lógicas económicas que permiten funcionar a la sociedad.

En Bolivia, marcadamente se ha identificado como un campo imprescindible de apoyo a la economía comunitaria, y para esto se ha establecido una fuerte disputa por construir institucionalidad y dotarle de contenido conceptual que permita reflejar esa demanda de los sectores sociales subalternos; pero al no existir antecedentes institucionales, jurídicos, ni teóricos relevantes, esta disputa se establece en un contexto adverso para el acontecer de lo nuevo, donde fácilmente se cae en recuperar la propia lógica económica capitalista y aplicarla con mayor intensidad en el ámbito de la sociedad, con el nombre de comunitarismo.

Un problema es la fácil equiparación entre comunitarismo y formas económicas de pobreza, y de ahí a equiparar pobreza con indígenas es un paso muy corto, de manera que los esfuerzos por consolidar la condición plurinacional de la sociedad boliviana son invalidados desde la percepción “capitalocéntrica” que desprestigia y anula las otras formas económicas que conforman la pluralidad de la economía y esto se evidencia en las propuestas legislativas que se presentan desde el ejecutivo en Tarija para avanzar en el despojo y en reestablecer la supremacía de una forma económica, la privada-empresarial sobre la otra, la comunitaria, por ejemplo, expresada en el PROSOL.