En esta narrativa del informe de gestión 2017, el gobernador Oliva se olvida informar que la baja del petróleo fue uno de los aspectos centrales que se utilizaron por su equipo para implementar, por el contrario, a lo dicho por la autoridad, una estrategia para que la población entre en crisis y convulsión para, de esta manera como se hiciera en épocas dictatoriales, presentar pseudo medidas que podrían sentirse como de "salvación" para la población que se encuentra desesperada. En este escenario que la propia gobernación crea, se construye un pseudo discurso de austeridad y es sobre esto que se fundamenta el "recorte de los proyectos en marcha, la afección a los derechos colectivos y económicos del pueblo campesino con el recorte del PROSOL y del PEUP de los migrantes, y del sector empresarial que se ve afectado". Esta situación es presentada en el informe de la gestión del 2017, como el logro más grande que ha permitido reconducir al departamento en base a la situación de bienestar de los que menos tienen. Es aquí, que escuchando al Gobernador nos preguntamos si es este el departamento de bienestar y con Inclusión al que el se refiere se quiere llegar. Se hizo mención que tuvo que tomarse medidas drásticas como la de recorte de los proyectos comprometidos, y que se tuvo que priorizar. Nos preguntamos, ¿el PROSOL no era una prioridad para el sector historicamente más marginado de la política e inversión del Estado? Proyectos como de la producción del máiz y el proyecto agrosilvopastoril que se encontraban en plena producción y cosecha y que fueron recortados y paralizados con un nivel de daño económico, social a las familias y al propio Estado, no eran dirigidos a un sector prioritario? Cuáles fueron en realidad los criterios para definir que era prioritario y que no, es algo que evidentemente no fue informado, ya que queda claro que los que fueron duramente golpeados, fueron los campesinos, las familias que viven al día y esa clase media que estaba construyendo sus emprendimientos en el área de la construcción, afectando de esta manera de forma directa a los tarijeños citadinos.
Creemos que es importante que como sociedad civil seamos críticos a este tipo de informes que se presentan y que condesan y disfrazan y naturalizan la dominación y el despojo de las conquistas que se habían logrado como pueblos y ciudadanos y que además podamos percatarnos que es en base a este despojo que se estaría cimentando la construcción de una sociedad excluyente. Esto afirmamos por el tipo de corte y alcance que tienen las políticas que se estarían planteando para el 2018-2020. Miremos sólo algunas.
En su informe el Gobernador ha planteado que es necesario transitar de una economía extractiva, hacia una economía que cimiente su base productiva en, por ejemplo, la agricultura o más precisamente dicho el agronegocio, ya que en el espejo en que se viene desarrollando esta perspectiva está relacionada con el modelo de desarrollo empresarial de la soja que se desarrolla en Santa Cruz, modelo que también es catalogado como extractivista en el campo de los estudios críticos del Desarrollo. El gobernador informa, que con la creación que se hiciera de la Agencia de Desarrollo, se ha procedido a hacer una cuantificación en el Valle Central de Tarija de la superficie bajo riego para beneficiar con esto la producción de productos especiales de alto valor, lo que en promedio estaría generando 800.000.000, cifra que superaría lo que genera el sector sojero de Santa Cruz, pero este estudio no sólo ha sido hecho en el Valle, sino también en la provincia O’Connor para desarrolla la producción forestal. Nos preguntamos, que pasará con la tenencia de la tierra en el Valle Central de Tarija, esta será vendida, alquilada, se trabajara en el modelo empresarial sustituyendo y desplazando a las familias campesinas?
Consideramos que este tema tiene que ser abordado con responsabilidad ya que se estaría afectando la base comunitaria de la producción de alimentos y con esto la soberanía alimentaria, para dar paso a la producción de comodities agrarios. Este tipo de política generar un proceso de mercantilización de la tierra y de despojo de los campesinos, que será acompañado por un proceso migratorio a las ciudades o de trabajo en servicio de peones en las empresas agrarias, que se avizoran serán constituidas en el marco de estas propuestas que fueron informadas por la autoridad. Cabe preguntarse, ¿la inversión en los sistemas de riego, no son el preámbulo para despojar de las tierras a los campesinos? ¿la organización campesina ha participado en estos estudios y ha avalado una propuesta de política como esta que está atentando de forma directa a sus derechos y la base de la producción comunitaria?
Nos preguntamos, si las autoridades o técnicos entienden a plenitud que de lo que se trata es de impulsar la diversidad económica y que para esto las políticas dirigidas a la producción tendrían que haber privilegiado a la producción comunitaria y no haber recortado la única política comunitaria como es el PROSOL y que ha servido de inspiración a otros departamentos, como es el Beni, por ejemplo.
Entre otros temas que llamaron la atención esta el tema de la inversión que se esta desarrollando en las obras que se vienen ejecutando. En el informe no se mostro los recursos que provienen del gobierno nacional y por el contario se presento un escenario en el que se pretende mostrar que no hay inversión en las obras mencionadas,a no ser de las fuentes privadas. En esto es importante preguntarnos, cómo se pagará la deuda que se esta contrayendo, los ciudadanos de a pie seremos afectados, cuantas generaciones naceran endeudadas en esta propuesta de austeridad y de inversión que tiene la actual gobernación.
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