No se necesita ser un juez de la república para saber que las conductas de la directora administrativa de la JEP, Martha Lucía Zamora, y los dos contratistas investigados por la Fiscalía no son las que uno desearía en la administración de justicia. Con el argumento de que sus funciones carecen de poder jurisdiccional y que a ellos no podría exigírseles.
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