El polémico informe sobre violencia de odio político en Cataluña

Foto: Enric Català

      Desde que empezó el proceso independentista en Cataluña, se ha incrementado la delincuencia que atenta contra el pluralismo ideológico. La mayoría de los denunciantes son ciudadanos catalanes que defienden la unidad española que han recibido algún ataque, o alguna amenaza, por parte de algunos activistas que están a favor de la independencia catalana.

      En 2010 se registraron 169 delitos de odio, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, las denuncias han ido en aumento. En 2017 se registraron 393 denuncias por delito de odio durante los tensos momentos del referéndum independentista, la declaración de la breve república de facto catalana, y la aplicación del artículo 155 de la Constitución española de 1978.

      Según Francisco Bañeres, fiscal superior de Cataluña, en 2017 se contabilizaron 121 hechos delictivos referidos a odio político, aumentando un 124% más que en el año anterior.

      Ante los avisos por la escalada de violencia que se está produciendo en Cataluña, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra, creó la Oficina de Derechos Civiles y Políticos para que, en teoría, defendiera las libertades ideológicas de los ciudadanos catalanes. Sin embargo, la oposición en el Parlamento catalán negó la veracidad de un informe de esta organización presentado en el verano de 2018, en el que acusaba a grupos de extrema derecha y al estado español de promover la violencia en Cataluña.

      Hay que destacar que la neutralidad de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos ha quedado muy en entredicho, al tratarse de un organismo dirigido por Adam Majó, que fue militante del Movimiento de Defensa de la Tierra (MDT), el brazo político del extinto grupo terrorista catalanista Terra LLiure. La MDT fue disuelta en 2014, pero pasó a integrarse en el partido independentista radical Candidatura de Unidad Popular (CUP), bajo el nombre de Poble Lliure.

      Mientras la justicia central denuncia que la mayoría de las víctimas son ciudadanos contrarios a la secesión catalana, la Oficina de Derechos Civiles y Políticos continúa defendiendo los datos de su informe. La oposición en el Parlamento catalán ha exigido reiteradamente ver los datos en los que se basa ese informe, pero Majó solo se limitó a enviar un powerpoint en el que decía que, entre 2017 y 2018, se registraron 328 denuncias por ataques a la libertad de expresión contra militantes independentistas, además de 20 delitos perpetrados por supuestos grupos paramilitares de extrema derecha.

      Según la oposición, en el informe no se cita ninguna fuente, y solo aporta suposiciones de posibles grupos de extrema derecha que los perpetraron. El portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, acusó a Torra «y a sus amigos», de haber elaborado el informe sin datos contrastables «porque ni siquiera cita las entidades secretas con las que se ha entrevistado.»

      Carrizosa tildó de «chiringuito» a la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, ya que, según el informe de Majó, entre octubre y diciembre de 2018 se produjeron 38 hechos delictivos que no se pueden contrastar. Para el político de Ciudadanos, «cada una de esas denuncias ha costado a los bolsillos de los ciudadanos 1.200 euros».

      La conclusión del informe de Majó añadió todavía más polémica, al sostener que:

      -8 de cada 10 personas que viven y trabajan en Cataluña no tiene ningún derecho a voto.

      -La Ley Mordaza restringe el derecho a la protesta.

      -La magistratura ha restringido la libertad de expresión.

      -Proliferan la creación de grupos de extrema derecha.

      -El estado español es incapaz de: «vehicular democráticamente determinadas reivindicaciones que podríamos ubicar, por su carácter de voluntad de transformación profunda, en el ámbito de la disidencia.»

      Carrizosa se quejó de todos estos puntos, especialmente al que se refiere a la libertad de expresión:

      «A nosotros algunos alcaldes no nos dejan poner carpas en algunos pueblos. Pero, según usted, esto no vulnera los derechos civiles y políticos. Y no vulnera la libertad de expresión.»

      El informe no hizo mención de ningún hecho sobre el acoso sufrido por políticos y militantes de partidos políticos unionistas, pese a que el portavoz del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), Ferran Pedret, publicara un listado de más de 100 ataques contra las sedes de su partido perpetrados por independentistas.

      Mientras que Ciudadanos ha sufrido 14 ataques en 2017 y otros 14 en 2018. Los independentistas no se limitaron a hacer pintadas y poner carteles amenazantes en las sedes de Ciudadanos, sino que también rayaron y pincharon los neumáticos de los coches de algunos políticos, e incluso es sistemático el acoso que sufren tanto militantes como políticos en las redes sociales, en donde han llegado a escribirles amenazas de muerte o amenazas de violación grupal.

      En algunos de estos ataques, las juventudes de la CUP, Arran, asumieron su autoría en las redes sociales vanagloriándose de ello.

      Frente a todos estos hechos denunciados por los partidos unionistas, según la justicia estatal, se denunciaron 6 ataques a sedes del partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

      Majó asoció a los autodenominados «grupos de limpieza», personas contrarias al independentismo, que salen por las noches a quitar los lazos amarillos con los que los catalanistas reivindican la libertad de los políticos secesionistas detenidos en 2017; con grupos de extrema derecha. Un argumento que fue criticado incluso por la representante de la CUP, María Servent:

      «No se han de banalizar las etiquetas. Una persona que arranca lazos amarillos no es una persona de extrema derecha, no es un paramilitar o un grupo organizado de extrema derecha. Supongo que esta oficina no ha entendido que un ataque de extrema derecha no es sacar un lazo amarillo.»

      Además, según el informe, la visibilidad de las pintadas de extrema derecha es muy frecuente; a lo que Carrizosa respondió:

      «La propia Arran publicitó estas imágenes con música de rap, glorificando la violencia en el más puro estilo de la ultraderecha. Ese partido (el Partido Popular) recibió siete agresiones así en el último mes. Dice usted también que la ultraderecha ha hecho centenares de pintadas en fachadas. Oiga, de los más activos en fachadas es Arran. ¿Lo ha contado usted?»

      Para los partidos unionistas es preocupante que el gobierno autonómico catalán trate de negar la violencia que sufre la oposición, además del constante intento de vilipendiarla.

1 de Abril de 2019.
Año I. Día 44. Artículo 116.