La complejidad de la crisis rohingya

Foto: Dalila Mahdawi/ MSF

      En agosto de 2017, en Birmania (Myanmar) dio comienzo una ola de violencia contra una de las etnias minoritarias del país, la rohingya. El pueblo rohingya, que conformaba la minoría musulmana, ocupaba el territorio de Arakan (que también recibe el nombre de Rakáin), situado en la franja costera birmana que hace frontera con Bangladesh.  

      Aunque en Birmania son frecuentes los ataques a las etnias minoritarias, el impacto y la magnitud de los ataques estatales contra los rohnigyas ha convertido éste conflicto étnico en uno de los peores de la historia birmana. En tan solo un mes, las fuerzas armadas y las paramilitares afines al Gobierno realizaron más de 6.500 asesinatos y violaciones, además de destruir 300 aldeas rohingyas; provocando la huida de cerca de 700.000 personas, que se refugiaron atravesando la frontera con Bangladesh quedando concentrados en campos de refugiados diseminados alrededor de Bazar del Cox.

      La ONU ha integrado a los rohingyas en la lista de las etnias más perseguidas del mundo, y teme que esta minoría no podrá volver nunca a su tierra. Así lo manifestó la enviada especial de la ONU que está encargada de supervisar la crisis rohingya, Yanghee Lee, en enero de 2019:

      «La imposibilidad de un retorno de los rohingyas a Myanmar, al menos en un futuro próximo, es evidente.»

      Además de la crisis interna en Birmania, en la que se han registrado enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y movimientos de resistencia rohingyas, se suman las condiciones que los refugiados han puesto para volver a su tierra. Los rohingyas no quieren volver a cualquier precio, ya han anunciado que su intención de volver a casa depende de que se les conceda la ciudadanía birmana, se les devuelvan las tierras confiscadas y se les conceda la igualdad de derechos que tiene la etnia mayoritaria además de la seguridad.

      Por el momento, el exilio no es la mejor opción para los refugiados pero es la que les proporciona mayor seguridad.  

      La concesión de la ciudadanía birmana a los rohingya es una de las exigencias más difíciles de realizarse. Las principales fuerzas políticas birmanas, pese a tener muchas diferencias y a estar enfrentadas entre sí, todas tienen en común la oposición a esta demanda de los refugiados.

      La ciudadanía de los rohingyas es uno de los puntos legislativos más complejos de Birmania, pese a que los rohingya fueran un pueblo que se asentara antes del inicio del periodo colonial británico, las autoridades no les conceden la ciudadanía. Según la ley de 1982, queda reconocido como ciudadano birmano todo aquel que pertenezca a una de las etnias asentadas en el país antes de la llegada de los ingleses en 1823 o que obtuvieron la nacionalidad tras la descolonización de 1948.

      Por alguna extraña razón, los rohingyas no recibieron la nacionalidad birmana o se les fue negada.

      Aunque la comunidad internacional trata de mediar y de hacer avances para solucionar esta crisis, la dificultad y la práctica negativa de llegar a un entendimiento por parte de las autoridades birmanas hace temer que la situación pueda prolongarse para siempre, y que los refugiados rohingyas no vuelvan nunca a sus casas. Además, muchos de los refugiados perdieron sus papeles y documentos oficiales que acreditaban la propiedad de su casa o de los terrenos que poseía, cosa que dificulta todavía más su retorno.

      La situación es tan compleja y difícil de solucionar, que algunos miembros de la ONU han dado comienzo a la elaboración de un plan de educación y de creación de empleo en los campos de refugiados, e incluso la posibilidad de que Bangladesh se convierta en la residencia definitiva de los rohingyas, como ya dijo Lee en una de sus declaraciones:

      «El Gobierno bangladesí debe considerar la posibilidad de que los rohingyas permanezcan en su territorio por mucho tiempo y planificar un apoyo prolongado a esta comunidad.»

      Existe un plan de repatriación propuesto por el gobierno birmano, que ha desagradado a la comunidad internacional porque manifiesta que los dirigentes del país no tienen ninguna intención de ponerle solución a la crisis. El gobierno birmano propuso verificar los documentos de 300 refugiados al día, lo que supondría que se tardarían doce años en terminar todas las repatriaciones.

20 de Junio de 2019, jueves.
Año I. Día 123. Artículo 182.