Poco antes de que se cumplieran las 72 horas que la JEP señaló como término para que la Fiscalía le entregue todo lo relacionado con los bienes no declarados de las Farc, el fiscal general hizo un interesante enroque dirigido a la Corte Constitucional.
El más reciente pulso entre la Fiscalía General y la Jurisdicción Especial de Paz estriba en quién tiene el control del conjunto de bienes que las Farc no puso a disposición al momento de dar su paso a la legalidad. La Fiscalía ha investigado propiedades, caletas y expedientes de testaferrato y sostiene que ha descubierto un cúmulo equivalente a 2,3 billones de pesos que no fueron declarados pero que en realidad pertenecerían a la desmovilizada guerrilla. Por su parte la JEP supone que es competente para disponer de esos bienes y bajo esa lógica ha solicitado el inventario para disponer de los mismos. La fiscalía se niega y por eso ahora acude a la Corte Constitucional, solicitándole que confirme que el ente investigador es la autoridad competente sobre tales elementos.
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