La extinción de los organismos autónomos, el último clavo en el ataúd del equilibrio del poder en México.

La propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador presentada en febrero de 2024 para extinguir los organismos autónomos fue aprobada por el Congreso mexicano, tanto la cámara de diputados como por la de senadores, sin que los argumentos de la oposición ni el sentido común pudieran hacer variar la aplastante corriente del oficialismo.

De nada valieron los videos presentados acerca de personajes del partido oficial Morena, entre ellos el hoy presidente de la Junta de Coordinación política Ricardo Monreal cuando hace unos años defendían con uñas y dientes la creación de los organismos autónomos que hoy están tan ansiosos de desaparecer. El mencionado Monreal hablaba entonces de que sería una hipocresía estar en contra de tales organismos, hablando de ironías.

Pero como los políticos mexicanos no tienen vergüenza y al parecer tampoco memoria, ignoraron por completo cualquier opinión contraria a su objetivo de servilismo y agenciamiento del presupuesto de los mencionados organismos y votaron a favor de esa reforma que consolida el centralismo, la antidemocracia y la ineficiencia de un sinnúmero de funciones.

¿Por qué contribuye al centralismo?, pues porque las funciones de estos organismos se asimilan a dependencias que dependen directamente del ejecutivo federal, eliminando la autonomía e impidiendo que actúen como entes imparciales, lo cual es condición para la eficiencia en la ejecución de las funciones ya mencionadas.

Los organismos que desaparecen estaban a cargo precisamente de auditar y ser un contrapeso de la autoridad, informando a la ciudadanía, gestionando procesos ante los abusos en diferentes materias y emitiendo recomendaciones para mejorar el desempeño del gobierno. Ahora se espera que el propio gobierno central sea juez y parte. Están poniendo al zorro a cuidar el gallinero.

Las funciones de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) serán transferidas a la Secretaría de Educación Pública (SEP), como si la educación en México, cada vez peor evaluada internacionalmente y con la total deficiencia de los nuevos libros de texto gratuitos y su mal planeada “Nueva Escuela Mexicana”, no necesitara de un organismo que se esfuerce en corregir los yerros del ciego, sordo y políticamente manipulador gobierno central.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), será absorbido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que se transformará en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Como si al ponerle ese nombre se tuviera la garantía de transparentar la gestión gubernamental en el manejo del presupuesto. Ustedes disculparán mi desconfianza al respecto.

Las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)serán transferidas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al menos en teoría. Aquí habría que precisar que no es lo mismo recabar información que evaluarla, adicionalmente al hecho de que la corriente morenista es profesional en la generación de “otros datos”.

Del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sus funciones las transferirían a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se integrará a la Secretaría de Energía (Sener), lo mismo que la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En cuanto a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), se dice que van a crear una entidad nueva dependiente del gobierno federal, asegurando así que los monopolios estatales queden libres de ser molestados, pues la presidenta con a manifestó su molestia con la Cofece debido a eso.

En fin, que, con la excusa de sus supuestos treinta y seis millones de votos en la más reciente elección, el oficialismo se ha dedicado a exterminar cualquier organismo o institución que pudiera hacerles frente. Esa es la suerte que han corrido los organismos autónomos y el poder judicial y con ello el nivel de confianza de México ha caído y la libertad y derechos individuales se han quedado sin medios de defensa ante un estado autoritario.