Expropiación o recuperación, esa es la pregunta

La expropiación es el acto administrativo mediante el cual el Estado priva de una propiedad a un particular, ya sea total o parcialmente, mediante el pago de una indemnización, por causa de utilidad pública. Este acto está contemplado en las leyes mexicanas. De hecho, tiene carácter constitucional ya que forma parte del artículo 27 de la carta magna.

La expropiación también forma parte de nuestra historia. En ciertas etapas se han expropiado recursos que el Estado Mexicano, conducido por determinado gobierno con una orientación política particular, ha considerado vitales para el desarrollo y consolidación de su proyecto de nación.

La más famosa de las expropiaciones es la petrolera, llevada a cabo por el entonces presidente Lázaro Cárdenas en 1938, la cual consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria, para convertirse en propiedad de los mexicanos.

 Aún ahora ese hecho puede reconocerse como un acto de valor al hacer frente a intereses muy poderosos y que contó con un apoyo popular increíblemente grande, pues las compañías expropiadas se negaban a pagar lo debido a los trabajadores mexicanos que laboraban para ellas.

Expropiación y nacionalización han ido de la mano y por ello se han visto casi como sinónimos, si bien la primera atañe a bienes particulares, y la segunda incluye ciertos servicios y actividades que el Estado se reserva de forma exclusiva para sí, dejando fuera a los particulares. Así, se dio la nacionalización de la industria eléctrica, que prevalece, aunque de forma muy disminuida hasta nuestros días, y la de la banca, que se revirtió durante el gobierno de Salinas de Gortari.

Los períodos de expropiación- nacionalización se encuentran más atrás en la línea histórica nacional que la frenética tendencia privatizadora de los bienes nacionales. Los gobiernos neoliberales se dedicaron a rematar, malvender, y regalar a sus amigos los recursos que en derecho y de acuerdo con la constitución pertenecen a la nación mexicana.

Por supuesto, esto no fue gratuito, sino a cambio de favores y dinero que llenaron los bolsillos de un reducido grupo de personas que con justicia deberían ser llamados traidores a la patria y que se convirtieron en la élite más poderosa del país.

Por el hecho de que nuestra historia reciente está repleta de estas privatizaciones y que los medios de comunicación masiva, comprados por los poderosos, se han encargado de pregonarlo, una buena parte del pueblo mexicano ha llegado a considerar que esto es positivo, progresista, o por lo menos “normal”, olvidándose de la defensa de sus verdaderos interesas.

El gobierno de López Obrador, con una tendencia de izquierda, se ha enfocado a desarrollar, después de muchos años en que se hizo lo opuesto, obra que lleve al desarrollo de la población mexicana en general y no al enriquecimiento de unos pocos. Y claro, a esos pocos eso no les parece nada bien.

Obras como el aeropuerto Felipe Ángeles, que vino a echar abajo el negocio que esos pocos ya tenían planeado. Ya estaban frotándose las manos con lo que iban ganar con los terrenos del actual aeropuerto Benito Juárez que pensaban cerrar, y además con el mantenimiento eterno que requeriría el que estaban pensando abrir en Chalco, en terreno lacustre y que por tanto mantenerlo a flote, literalmente, requeriría de un gasto millonario.

Obras como el tren maya y el tren transístmico, que representarán vías de comunicación que vendrán a combatir el atraso que venimos arrastrando en esa materia desde hace años. Por supuesto, tales obras necesitan pasar por alguna parte, y para ello, se requiere de expropiar terrenos necesarios.

Expropiar de acuerdo con la ley, con el pago de una indemnización, no es robarle a nadie. Porque, originariamente, de acuerdo con nuestra constitución vigente, tales bienes pertenecen a la nación, y por causa de utilidad pública lo correcto es recuperarlos.

Pero ya hemos dicho que hace tiempo la expropiación no se aplicaba, o si se hacía, no se difundía, ya que se hacía con corrupción para enriquecer aún más a algunos, con lo que más bien era “apropiación”, y a causa de eso, cada vez que se realiza por el actual gobierno se acompaña por un coro de voces que dicen que eso espantará a las inversiones, que se retrasa el progreso, que los pobres inversionistas se sienten inseguros y saldrán corriendo del país.

El caso más reciente es una recuperación de algunas concesiones de vías férreas que se habían otorgado al Grupo México y que de acuerdo con el gobierno, se requiere recuperar para uso del tren transístmico.

De inmediato vinieron las protestas de dicha empresa y sus aliados, diciendo que se atenta contra el libre mercado. El gobierno, por su parte, ha dicho que solamente está recuperando una concesión que se había otorgado a dicha empresa.

Esto sucedió simultáneamente a la decisión de la venta de Citibanamex, en la que Larrea estaba ofertando y de la que se retiró argumentando que no iba a comprar algo que luego le podrían quitar. Finalmente, Citibanamex decidió salir en oferta pública en Bolsa de valores

German Larrea, el dueño de Grupo México y segundo hombre más rico del país, finalmente llegó a un acuerdo con el gobierno, que les extendió el plazo de otra concesión ferroviaria.

Lo que podemos sacar en limpio de toda la controversia es que la sociedad mexicana, especialmente la clase empresarial, deberá voltear a ver los fundamentos jurídicos y el origen histórico de la figura de la expropiación.

Podrá no gustarles que sus privilegios económicos ya no se pongan antes que el bienestar de la población en general, pero todo indica que deberán acostumbrarse, porque la mayoría de la gente se está haciendo consciente de que quiere un país más justo, donde el progreso no sea para unos pocos.

Eso implica un deseo auténtico de que la transformación, llámese cuarta, quinta, o la que sea, se vuelva más profunda, y eso lleva a un gobierno al que no le tiemble la mano para recuperar bienes y derechos que fueron privatizados o concesionados alguna vez, para beneficio de todos los mexicanos.