México, camino a la censura y al autoritarismo.

Hace apenas unos años, si alguien me hubiera dicho que el derecho a la libertad de expresión, conquistado de forma progresiva y con mucho esfuerzo en México, iba a verse en riesgo de perderse, no lo hubiera creído.

Muchos todavía no lo creen, especialmente las nuevas generaciones. Para quienes nacieron o crecieron en un país en el que, con todos sus vicios de corrupción gubernamental, se había logrado, sin embargo, que las críticas al gobierno en el poder, en medios de comunicación y más recientemente en redes sociales pudieran hacerse sin restricciones, encontrarse con lo que está ocurriendo recientemente pareciera algo inconcebible, irreal.

Pero esta es la nueva realidad. O la vieja, tal vez, porque representa un retorno a una etapa en la que todo el poder está concentrado en las manos de un solo grupo político, y ciertamente, eso no es nuevo para la sociedad mexicana.

Históricamente, los momentos de regímenes autoritarios en México han sido muchos, probablemente más que los tiempos de libertad. Disfrutar de la libertad de expresión es una situación muy reciente, una que solo solo algunos están dispuestos a defender, mientras que los otros, acostumbrados a plegarse al régimen sea por miedo o por conveniencia, no la valoran y nunca lo harán.

Claudia Sheinbaum en sus mañaneras afirma que por supuesto que se tiene libertad de expresión y se burla y tilda de opositores a quienes la cuestionan por lo que ha estado ocurriendo, pero entre más trata de defender que las libertades están garantizadas por su administración, más se pone en evidencia de que no es así.

En resumen ¿cuáles son los focos rojos de lo que ha estado sucediendo en el país?. Sin pretender describir cada caso a detalles, les presentaré aquí algunas de las situaciones más alarmantes.

Tania Contreras, hoy presidenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas después de la reciente elección judicial, y antes de eso consejera jurídica del gobernador del mismo estado, se inconformó contra el periodista Héctor de Mauleón por su columna del periódico El Universal,  en la que escribió acerca de los presuntos delitos de huachicol fiscal que involucran a su cuñado.

Primero fue ante el instituto electoral local, donde su queja, basada en una supuesta violencia en función de género, no prosperó por falta de argumentos. Acudió luego al Tribunal Electoral, donde magistrados con los que tiene relación admitieron la impugnación y dictaron como medida cautelar que De Mauleón se calle y que se elimine la publicación.

Otra situación altamente anómala fue cuando el abogado Carlos Velázquez de León fue obligado a disculparse con el senador Fernández Noroña en un evento trasmitido en público desde el Senado de la República, por un altercado que tuvieron en el aeropuerto de la Ciudad de México el año pasado. Independientemente de si la conducta del mencionado abogado fue incorrecta, aún más lo es el que se vea obligado a presentarse en público a pedir disculpas por temor a represalias,

Carla Estrella, una ciudadana de Sonora, fue sancionada por un Twitter en el que cuestionaba cómo obtuvo su candidatura a diputada Diana Karina Barrera, del PT, insinuando que fue con ayuda de su esposo, el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Ahora, además de pagar una multa y tomar un curso sobre violencia de género, tendrá que ofrecer disculpas por 30 días en sus redes sociales.

Jorge González, periodista de Campeche, fue denunciado por la gobernadora de este estado por delito de odio y como medida cautelar le fue impuesto que  debía dejar de ejercer el periodismo por dos años, lo que se estima que duraría el proceso. En este último caso, Claudia Sheinbaum ha respaldado en rueda de prensa a Layda Sansores desde Palacio Nacional. “Ella no quiere llevar a nadie a la cárcel, lo que quiere es que se reconozca que hay un asunto de misoginia y de odio vinculado con ser mujer”.

Por otra parte, también las leyes se están actualizando a modo de restringir la libertad de expresión. Allí encontramos el código penal de Puebla en el que se creó en forma ambigua el delito de ciberacoso, en el artículo 480, para decir que, quien utilice cualquier espacio digital para “injuriar, ofender, agraviar, o vejar a otra persona con la intención de causar un daño o menoscabo en su integridad física o emocional” será penado con hasta tres años de prisión y multa de hasta 300 días del valor UMA.

Y por supuesto, la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, en la cual, si bien se hicieron algunos cambios ante la insistencia de la oposición e incluso algunos elementos del propio partido oficial, persisten riesgos de censura a la libre expresión y a las voces opositoras al gobierno.

A la par de estas amenazas, los cambios a la ley de seguridad que permite la intervención a las comunicaciones por motivos de “inteligencia” y de “seguridad “y la CURP biométrica que le dará al gobierno acceso a la información de los ciudadanos vienen a sumarse en esta andanada de control y limitación a las libertades.

Las excusas para coartar las libertades sobran. Por seguridad, por combatir la violencia de género, para evitar el daño emocional causado por ofensas e injurias, por las buenas costumbres, etc. A pesar de cómo se quieran presentar, son ataques que van mermando la libre expresión y que paso a paso, van conduciendo a México en la ruta de convertirse en un país autoritario donde expresar una opinión podrá ser objeto de sanciones.

Un país en el que los periodistas y los simples ciudadanos teman expresarse en contra de la postura oficial y criticar a políticos cuya actuación sea corrupta o incluso criminal.