Derechos de los indigentes en México

En México, las personas en situación de calle están protegidas por diversas leyes federales como la Ley General de Salud, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley de Asistencia Social, que buscan garantizar su acceso a servicios básicos y protegerlos contra la exclusión.

Se ha aprobado un dictamen para que las personas en situación de calle sean explícitamente incluidas en los “programas prioritarios e interés público” de combate a la pobreza, y la Ley de Asistencia Social define este campo normativo como el conjunto de acciones para apoyar a personas en situación de desventaja, con el objetivo de facilitar su reinserción o mejora de sus condiciones

Además, la Ciudad de México cuenta con la Ley de Protección Integral de las Personas que Viven y Sobreviven en Calle, que se enfoca específicamente en sus derechos y el acceso a servicios esenciales como salud, educación y empleo.

De estas leyes se desprenden los siguientes principios:

• Dignidad y trato respetuoso: no deben ser estigmatizadas, discriminadas ni tratadas como objetos; tienen autonomía e igualdad de derechos.
• Prohibición de reclusión forzada o desalojos arbitrarios: no pueden ser removidas de sus espacios de vida sin su consentimiento o sin un proceso legal adecuado.
• Acceso a servicios sociales básicos: alimentación, atención médica, salud mental, albergues, programas de reinserción social, etc.
• Atención diferenciada: reconocimiento de que la población en situación de calle es heterogénea: adultos mayores, mujeres, niños, personas con discapacidad, entre otros, y que se requieren acciones adaptadas.
• Coordinación interinstitucional: la atención requiere acción de diferentes instancias gubernamentales (salud, desarrollo social, seguridad, vivienda, etc.). el protocolo interinstitucional lo prevé.
• Incorporación en políticas sociales

Todo esto se escucha bien, más que bien, y, sin embargo, en la realidad no pasa de ser un conjunto de buenas intenciones sin aplicación práctica, que no establecen medios claros para sacar a ese segmento de la población de la situación en que se encuentran y al mismo tiempo ocasionan que el espacio público se vuelva un sitio aún más peligroso para la ciudadanía.

Si analizamos el principio de prohibición de reclusión forzada o desalojos “arbitrarios” sin su consentimiento o proceso legal apropiado, esto deja en un estado de indefensión a todos aquellos que ven las calles, aceras, plazas y hasta monumentos invadidos por personas indigentes que en muchas ocasiones se encuentran bajo los efectos de las drogas o el alcohol o son presas de alguna enfermedad mental que las mantiene enajenadas.

Transitar de la casa al trabajo o escuela, o realizar un simple paseo, se ha convertido en una actividad de alto riesgo cuando se tiene que pasar cerca de esta “población vulnerable”, pues no se sabe en qué momento puedan confundirte con algún espectro de sus alucinaciones y atacarte con un arma blanca, roca, fierro, palo, etc. O como les ha pasado a algunos, ser arrojados de un puente o a las vías del metro.

Pero como la policía tiene prohibido desalojarlos o llevarlos a algún sitio de resguardo si ellos no lo piden, y obviamente, ellos no lo van a pedir, muchas calles se convierten en sitios sucios y cada vez más peligrosos. Mientras tanto, los albergues que existen son pocos, deficientes y mal administrados, convertidos en negocio para algunos que se quedan con los fondos públicos destinados a proyectos cargados de buenas intenciones, pero nulo sentido común.

Entre tanto, se siguen dando casos como el del indigente que en Polanco lleva varios robos y ataques a vecinos y al que soltaron para llevar su proceso en libertad. Y si usted se atreve a caminar por el centro de la ciudad de México de noche se va a encontrar montones de indigentes amenazantes en un lugar que debería ser seguro y turístico.

No todos los indigentes son criminales, eso es un hecho, pero sí necesitan ayuda y no la reciben con el pretexto de “la protección” y el respeto a sus derechos. Así, la autoridad se lava las manos de hacer algo, mientras son los ciudadanos quienes tienen que cuidarse de la pobre y discriminada población en estado de vulnerabilidad.

Esta situación no es exclusiva de México. No hace mucho se viralizó el video en el que, en Estados Unidos, un indigente asesinó a una ciudadana ucraniana en el transporte público. Este panorama debería hacernos entender que la política de no hacer nada no funciona.

Se necesitan acciones, no leyes con buenas intenciones. Y para vivir tranquilamente se debe exigir el respeto al pacto social, que implica no permitir que personas vaguen drogadas en las calles y que quienes padezcan de un trastorno mental sean recluidos en donde no hagan daño a otros o a sí mismos y, en ambos casos, que reciban el tratamiento que necesitan, lo pidan o no.

Mientras la sociedad siga atada de manos por leyes ineficaces, lo único que nos queda como ciudadanos es andar con los ojos bien abiertos y evitar cuanto se pueda a estos sujetos, a los cuales nadie les niega sus derechos humanos pero que son una amenaza potencial para nuestra seguridad.

Una autoridad permisiva e irresponsable y una sociedad enferma son una combinación en extremo tóxica en la construcción de espacios seguros para el desarrollo de la comunidad. La proliferación de la indigencia en las calles no es el mayor problema de la sociedad mexicana, pero sí es un factor que viene a sumar al deterioro de la vida diaria de la población.