Pensiones del bienestar, una medida populista en tiempos de elecciones que para muchos suena a robo descarado.

Se acerca el final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en estos últimos meses. El presidente mexicano parece empeñado en implementar medidas de último momento con dos objetivos, ganar adeptos para su candidata impuesta con iniciativas de relumbrón y apropiarse de cuantos recursos sea posible de los fondos públicos, incluso si no lo son, como es el caso de los que pertenecen a los trabajadores.

Las leyes que rigen el sistema del ahorro para el retiro establecen que los recursos depositados en las cuentas individuales de los trabajadores en las Afores, (en este caso la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez) son propiedad inalienable e imprescriptible de los trabajadores, por lo cual debe ser precisamente el trabajador, o sus beneficiarios, quienes autoricen la disposición o el uso de estos recursos.

Pero a pesar de la ley, o más bien, por encima de ella, el partido del presidente y sus aliados reformaron la ley, agregando que “no obstante lo anterior”, las Afores deberán enviar los recursos de esta subcuenta de los trabajadores mayores de 70 años afiliados al IMSS, (y de 75 años afiliados al ISSSTE) al Fondo de Pensiones para el Bienestar, para que sean utilizados en pagar complementos de pensiones de otros trabajadores.

Por supuesto que cuando se establecieron las AFORES, o sistema de administradoras de ahorro para el retiro, no se hizo pensando en el bienestar de los trabajadores y no asegura que se pueda contar con una pensión digna. Por eso el que el ahora presidente diga que va a asegurar una pensión mínima, a muchos pensionados les resulta atractivo.

Pero el problema es, que en lugar de reformar de fondo el sistema para multiplicar los recursos destinados a las pensiones, se pretende realizar esto apropiándose de los ahorros de trabajadores de más de 70 años que no los han reclamado.  Y lo que no nos dicen es que, en cuanto estos se les acaben, irán por los de los trabajadores en activo y hasta por los del fondo de vivienda.

El gobierno actual es poco claro acerca del uso de los recursos, mismos que pertenecen a la gente. Los fideicomisos que deshizo no se ha visto dónde fueron a parar, a n o ser de la fuerte sospecha de que los han gastado en su promoción política.

Es por esta opacidad que su actual interés en el dinero de las AFORES hace crecer la desconfianza. En lo personal, no confío en un gobierno que no rinde cuentas, que se cierra a escuchar opiniones diversas y que usa su superioridad numérica en el congreso para imponer los mandatos de un solo hombre sin pensar en si son lo mejor para el país.