Comisión Nacional de Derechos Humanos en peligro de extinción.

Por contradictorio que pueda parecer, el miércoles 24 de enero, frente a la Cámara de Diputados, Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de derechos Humanos de México propuso la disolución del organismo que preside porque, según ella, no responde a las necesidades del pueblo de México y propone crear en su lugar algo llamado “Defensoría Nacional de los Derechos del pueblo”

Lo cierto es que esta autoinmolación del organismo creado para proteger y defender a los mexicanos de actos injustos de la autoridad resulta ser una esperada respuesta de una adepta incondicional al ejecutivo federal, el cual ha hecho de desaparecer a los organismos autónomos uno de sus estandartes.

Así, la señora Piedra declaró que la CNDH es “el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación por iniciativa propia para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo”, demostrando con ello su adhesión a las políticas impulsadas por el actual ocupante de Palacio Nacional.

No se puede esperar algo distinto de alguien que fue puesta en esa posición de dirigente de la CNDH por el presidente, sin otro mérito real que el ser la hija de la activista y política de izquierda Rosario Ibarra, conocida por fundar el Comité Eureka por la Búsqueda de Desaparecidos.

El nombramiento de Piedra Ibarra fue cuestionado desde su elección, donde representantes de la oposición denunciaron una ilegalidad en el proceso de votación en la Senado. Adicionalmente, su desempeño al frente del organismo ha sido tachado de ineficiente frente a múltiples violaciones de derechos humanos en México, no por la propia institución, sino por la pobre administración encabezada por la mencionada funcionaria.

El descontento por la gestión de Piedra Ibarra al interior de la propia organización llevó a que el pasado octubre los seis miembros del Consejo Consultivo del CNDH renunciaron a sus puestos tras afirmar que Piedra obstaculizaba su trabajo e ignoraba sus recomendaciones, mostrando que los problemas de la CNDH no se deben a una herencia neoliberal sino al deplorable trabajo encabezado por su actual presidenta.

Este asunto debe abordarse desde una óptica completamente apartidista, y por ello les pido reflexionar en la historia de los organismos defensores de los derechos humanos. Estos organismos tienen su fundamento histórico en el plano internacional con la Declaración Universal de los Derechos de 1948 adoptada por la Asamblea General de la ONU.

Hubo antes y después de ello intentos aislados de defensa de los derechos de los ciudadanos, tanto a nivel internacional como en nuestro país, pero lo más importante y que vino a marcar un antes y después fue la Declaración ya mencionada, en la que se viene a dar un reconocimiento de que determinados derechos son fundamentales y universales para todos los seres humanos y son reconocidos por las naciones miembros de la ONU.

En nuestro país, el 13 de febrero de 1989, dentro de la Secretaría de Gobernación, se creó la Dirección General de Derechos Humanos. Un año más tarde, el 6 de junio de 1990 nació por decreto presidencial una institución denominada Comisión Nacional de Derechos Humanos, constituyéndose como un Organismo desconcentrado de dicha Secretaría.

Posteriormente, mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992, se adicionó el apartado B del artículo 102, elevando a la CNDH a rango constitucional y bajo la naturaleza jurídica de un Organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dándose de esta forma el surgimiento del llamado Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos.

Es este apartado constitucional el que la señora Piedra busca reformar, sin duda pensando que, con un cambio de nombre y la dependencia del organismo al gobierno central, por arte de magia se resolverán los efectos negativos causados por aquellos que a su interior desconocen cómo realizar un buen trabajo.

Sin duda los organismos de defensa de Derechos humanos deben evolucionar, pero no a capricho de los intereses mezquinos de personas que desconocen la historia y los principios de las garantías individuales y carecen de las competencias para ejercer la más fundamental administración pública.

Resulta penoso que un tema tan importante como son los derechos humanos, el cual debe permanecer independiente de la influencia gubernamental, ahora se encuentre amenazado de perder su autonomía para convertirse en un satélite del poder ejecutivo federal, siendo así incapaz de expresar recomendaciones que vayan en contra de la línea de acción que este le señale.

Lo único que como ciudadanos podemos esperar es que haya en el congreso al momento de votar la propuesta de la señora Piedra, personas con una formación humana y jurídica sólida que vaya acompañada de una estructura ética que los lleve a tomar una decisión razonada y no dejarse arrastrar por la corriente política en boga.