Desaparición de fideicomisos del poder judicial, ¿extinción de privilegios o pérdida de derechos laborales?

Recientemente el congreso mexicano aprobó la extinción de trece fideicomisos del Poder Judicial de la federación por iniciativa del ejecutivo. La razón que el presidente Andrés Manuel López Obrador esgrimió para esta desaparición de fideicomisos y la reasignación de sus recursos a sus programas sociales, fue que son ilegales y representan privilegios de un poder corrupto que no trabaja en favor de los mexicanos.

Que existe corrupción en el poder judicial es algo que ningún mexicano consciente de la realidad puede negar. Las sentencias injustas que dejan inocentes en prisión y liberan a los peores criminales son más que comunes. Por otra parte, generalizar y menospreciar el trabajo de aquellos que sí están comprometidos en la impartición de justicia es un tremendo error que puede conducir a que estas personas, cansadas de que su trabajo no sea valorado, decidan no esforzarse más y dejen de nadar a contracorriente.

Porque ante la extinción de los fideicomisos, los trabajadores del poder judicial, y no estamos hablando solamente de los pocos magistrados que ganan altísimos sueldos, sino de trabajadores de nivel medio y operativo, salieron a protestar de que les están despojando de derechos laborales que les ha tomado años ganar.

Pero para poder dar una opinión informada de si la extinción de tales fideicomisos fue una corrección de ilegalidad y corrupción o una acción poco razonada que viene a afectar directamente a un grupo de trabajadores, es necesario comenzar a analizar el tema desde su origen. Así, debemos entender por principio de cuentas, qué es un fideicomiso:

Un fideicomiso es un contrato legal por medio del cual una persona (otorgante) da a otra (fideicomisario) el permiso de poseer el título de propiedad o activos a favor de un tercero (beneficiario), con un fin determinado.

Como la definición no aclara mucho, intentaré explicarlo con un ejemplo. Imaginemos que el señor X quiere asignar recursos de su patrimonio para que cuando sus hijos sean mayores y formen una familia les sea entregada una vivienda.

Como una cuenta de ahorros no da suficientes rendimientos y siendo el señor X un importante empresario, decide hacer un fideicomiso contratándolo con una institución financiera que le dará la certeza de la buena administración de los recursos que ponga ahí.

Así. El otorgante, el señor X, pone una importante suma de dinero y bienes para que la institución financiera (fideicomisario) administre ese patrimonio con seguridad y lo haga producir. También, en el transcurso de los años, sigue aportando ganancias de sus negocios a ese fideicomiso de modo que este continúa creciendo, de tal modo que cuando sus hijos (beneficiarios), tienen necesidad de que se use el fideicomiso para la adquisición de su casa, hay allí recursos suficientes para ello.

En el caso del Poder Judicial funciona del mismo modo con excepción de un punto. El Poder Judicial es una institución pública, no una persona física, así que la diferencia estriba en que los recursos del fideicomiso no provienen en sentido estricto. de su actividad. Los fideicomisos se crearon originalmente del presupuesto que la Ley le otorga al Poder Judicial para su funcionamiento.

Así, el Poder Judicial, y aquí es donde viene el lado oscuro del asunto, al no gastarse todo lo que le asignaron, puso esos ahorritos millonarios en distintos fideicomisos, unos que francamente representan lujos para sus funcionarios de mayor nivel, y otros que les garantizarían mejores derechos laborales a todos sus trabajadores, como es el caso de pensiones y seguros de gastos médicos mayores.

Y así, efectivamente, sin pedirle permiso a nadie, nacieron los fideicomisos. No sabemos si con mala fe o simplemente por aquello de que “más vale pedir perdón que pedir  permiso”, el poder judicial se blindó con aquellos ahorros para beneficiar a la, llamémosle, comunidad judicial federal.

Pero los fideicomisos no se alimentaron solo del presupuesto. Los trabajadores sí aportaron, con cada uno de sus pagos de salario, de los que les descontaron religiosamente determinado monto, para aquellos fideicomisos. Y estaban de acuerdo con aquellos descuentos porque a final de cuentas, ellos se verían beneficiados con mejores prestaciones.

Así pues, extinguir los fideicomisos si viene a corregir la injusticia original de su nacimiento secreto a partir del presupuesto, pero, por otra parte, viene a perjudicar a aquellos trabajadores que tienen años aportando para esos fideicomisos y que ya no van a poder gozar de las prestaciones que creían tener aseguradas. Es decir, el gobierno los está despojando de aquello que aportaron. Si se pone en sus zapatos ¿no se sentiría usted robado y dispuesto a protestar?

El asunto es complicado para los trabajadores del Poder Judicial porque, como ya mencionamos, no gozan de muy buena reputación entre el pueblo de México, y no ayuda que el presidente de la república, tremendamente popular, use su tribuna pública para despotricar, con razón o sin ella en contra del ya mencionado poder, con datos inexactos y obstaculizando el análisis y la reflexión.

A esto habría que sumarle algo que causa pena y que quienes acostumbramos a navegar por las redes sociales no podemos dejar de notar. La  polarización de la opinión pública mexicana entre uno y otro lado del debate es algo hasta cierto punto natural, pero por desgracia, se vuelve peligrosa cuando se encuentra desprovista de todo sentido crítico y apertura para escuchar a los que piensan distinto.

Son muchísimas las opiniones que dicen que,” como yo no tengo un servicio médico de primera, un salario digno y ni la esperanza de un buen retiro con el terrible sistema de AFORES establecidas por la ley para el común de los trabajadores, entonces porqué los del Poder Judicial sí”.

Y digo que esto es triste porque refleja una condición moral miserable y envidiosa de un gran segmento de la población. Y no, yo no trabajo para el Poder Judicial, ni nadie de mi familia lo hace.

Tengo IMSS, al cual no acudo a no ser que me esté muriendo por lo malo del servicio y que seguramente irá a peor ahora que nos han endilgado el “IMSS bienestar”; y una AFORE que disminuye en lugar de aumentar y con la que  no alcanzaré una pensión ni remotamente digna.

Y pese a eso, no me da gusto el que otros pierdan buenas prestaciones. Siempre he sido ferviente creyente en eso de que “mal de muchos, consuelo de tontos”. Que todos reciban salarios de hambre, pensiones miserables y un servicio médico mediocre no me va a beneficiar ni mucho ni poco.

Por eso encuentro penoso que en una expresión de inútil venganza y revanchismo muchos digan “qué bueno que les quiten los fideicomisos, ahora si van a saber lo que se siente, etc., etc.”; en vez de decir que todos queremos y merecemos esas prestaciones y que a ver si el gobierno cambia las leyes para que contemos con administradoras de recursos productivas para toda la fuerza laboral.

En conclusión, la extinción de los fideicomisos, en lo que a mí respecta, es un movimiento político que se aprovecha del descontento popular hacia el Poder Judicial y del resentimiento hacia quienes tienen mejores beneficios laborales, y que, si bien impide que se sigan asignando a tales fondos recursos del presupuesto federal que no eran para eso, también está despojando a aquellos trabajadores que han estado haciendo aportaciones de buena fe.

 O digan cómo les van a regresar lo que les pertenece. Lo que es justo es justo.