El centralismo que resurge en México reduce y amenaza cualquier posibilidad de un verdadero federalismo.

Paso a paso, a modo de que pase desapercibido por la población, que se encuentra ocupada en sus propios asuntos, se ha venido gestando una transformación desde el poder público federal y no precisamente para bien.

No me refiero al esquema económico o político, tampoco hablo a nivel de clasificación por escala numérica de si es la primera o cuarta transformación. Es un cambio que simplemente está allí y que amenaza el equilibrio de poder en México.

Nuestra nación no ha sido particularmente partidaria de la federalización, la libertad y la autonomía a través de la historia. Si bien se ha declarado de ese modo en las leyes por parte de los gobiernos autoproclamados liberales, en la práctica se ha mantenido el centralismo, aferrándose a él con uñas y dientes, y solo con un gran esfuerzo se consiguió transitar hacia la existencia de instituciones y organismos autónomos e independientes del ejecutivo federal.

La razón de que deban existir entidades independientes que obedezcan a su objeto de servicio público y no a los intereses directos del presidente en turno, es porque solo de ese modo se puede garantizar una estructura que funcione de manera autónoma y que no se vea afectada por la intrusión de los intereses de la clase política dominante. También hace posible la estabilidad y permanencia de las instituciones durante la transición de un gobierno a otro.

Es así como surgieron los organismos dotados de autonomía, tales como el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Conacyt, el INE, entre otros muchos. En ellos han surgido problemas de gestión y de ineficiencias dignos de una amplia investigación, pero independientemente de ello, permitieron una evolución hacia una administración pública más flexible y menos centralista.

S si hablamos de la división de poderes. El que el poder legislativo y el judicial no estén a merced de las maniobras del ejecutivo, representa un sistema de contrapesos, que, si bien tampoco es perfecto, por lo menos impide que el presidente y su corriente política impongan su voluntad.

Sin embargo, si analizamos el último sexenio, podemos ver cómo esa transformación de la que les hablé al inicio de este artículo ha ido desmantelando la estructura de los organismos autónomos. Con la excusa de la corrupción y mala administración, la cual no estoy diciendo que no exista, se les han ido quitando recursos, se les ha ido desapareciendo y han sido sustituidos por áreas o departamentos dependientes del gobierno federal.

Esta tendencia ha ido volviendo a consolidar el centralismo ancestral en el que no hay modo de oponerse a la dirección marcada desde el ejecutivo, aunque esta conduzca al despeñadero. Peor aún, en algunos casos ni siquiera ha surgido algo que sustituya a estos organismos y sus funciones han quedado en el limbo, los recursos que gestionaban ahora están en completa opacidad, lo mismo que aquellos que necesitaban de los recursos y los programas gestados desde esos ámbitos.

Así, vemos que la ciencia, la tecnología, el arte, el apoyo para la búsqueda de desaparecidos, para el funcionamiento de estancias infantiles y muchos más, se han visto perjudicados, considerados como cosas sin importancia, mientras se privilegia aquello que dicte el poder central.

Los legisladores del partido en el poder se han doblegado en sus decisiones ante la popularidad del presidente, aunque no estén completamente de acuerdo en todo lo que propone, pero a fin de cuentas están más preocupados por su futuro político que por el bienestar del país.

La oposición, por otra parte, es tan débil por la mala y bien ganada fama que vienen arrastrando que es muy poco lo que pueden hacer, y solamente por los candados que sabiamente tiene la carta Magna cuando de reformas fundamentales se trata, es que se han podido frenar ciertas reformas, las cuales pueden tener algo de buenas, pero también mucho de improvisadas y de riesgosas.

En cuanto al poder judicial, es un ente que efectivamente ha abusado de su poder, que, en lugar de autoevaluarse y tomar la iniciativa para cambiar y cumplir mejor con su función de impartición de justicia, se ha estancados sus viejas formas y privilegios. Debido a eso, cuando el ejecutivo les ha atacado, no encuentran muchos defensores entre el pueblo, ni siquiera cuando se trate de algún asunto en el que efectivamente tienen la razón.

Así, con las entidades autónomas disolviéndose y los otros dos poderes débiles y carentes de credibilidad, el centralismo se fortalece una vez más en nuestro país. Aún más, la influencia del ejecutivo en la elección de la candidata presidencial del partido mayoritario viene a asegurar prácticamente la continuidad y con ella, la consolidación de un sistema autoritario y centralista en el que el pensamiento disidente tendrá muy pocas posibilidades para hacerse oír.

No debemos olvidar que por buenas que sean las intenciones originales, la acumulación de poder genera un riesgo de creer que se posee la razón absoluta y una ceguera para apreciar los diferentes matices de la realidad.