La reforma del poder judicial, crónica de un desmantelamiento anunciado.

La abrumadora victoria del partido del actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en las pasadas elecciones, ha abierto la puerta para que éste y su sucesora, claudia Sheinbaum, puedan realizar las reformas constitucionales para cambiar aquello que consideran un obstáculo a sus proyectos, comenzando con el Poder Judicial de la Federación.

Así, el Poder Judicial Federal como lo conocemos tiene sus días contados y la fecha para el principio del fin ya está marcada en el calendario; el primero de agosto de este año 2024 el Poder Legislativo tendrá nuevos integrantes y los adeptos de López Obrador tendrán la mayoría calificada que les permitirá cambiar las leyes a su antojo.

Dado que la nueva realidad legislativa provocó una afectación negativa en los mercados, la virtual nueva presidenta salió a declarar que se realizarían consultas en las facultades de Derecho, barras de abogados y organizaciones de expertos del país previo a dicha reforma. Pero mientras que se ofrecía esta aparente rama de olivo para tranquilizar la situación, AMLO realizó sus propias declaraciones afirmando que la reforma judicial por él presentada es un hecho.

Esto deja ver que no importa si se realizan consultas para guardar las apariencias. A final de cuentas y con un Legislativo a modo, López Obrador y Sheinbaum Pardo ya tienen el camino pavimentado para terminar con el último bastión que sostenía la división de poderes en el país.

Durante el sexenio de López Obrador, el partido del presidente ya contaba con mayoría, si bien no calificada, y con diputados y senadores incapaces de pensamiento propio y de ver más allá de sus intereses políticos afianzados a la obediencia ciega al líder de su partido. Con esta mayoría, el presidente ya tenía un Congreso a favor, aunque la falta de mayoría calificada fue un obstáculo para sus proyectos, ya que la oposición tenía el poder de detener las reformas constitucionales.

Cabe señalar que dicha oposición tampoco fue inteligente al analizar las propuestas presidenciales y se dedicó a contraponerse a todo sistemáticamente, sin análisis y sin propuestas alternas. Claro que, de haber hecho esas propuestas, se habrían encontrado con la misma negativa de parte de los aliados presidenciales. Así que, dada la incapacidad de llegar a acuerdos de cualquiera de los dos bandos, ¿para qué desgastarse?

Sin embargo, como ya he mencionado, la situación cambiará diametralmente el primero de agosto. Para el presidente y los suyos el camino está allanado para lograr que se apruebe lo que quieren, y van a aprobar sus reformas sin escuchar a nadie y pasando por encima de las voces en contra sin importar lo racionales y acertadas que puedan ser.

¿Y en qué consiste la reforma al poder judicial federal?, pues en términos simples, en desmantelarlo. Como se hizo antes con todos los organismos descentralizados del gobierno acusados de corrupción, a los cuales se desapareció o se convirtió en dependencias atadas al poder central y de cuyas funciones ya nadie se ocupa, ahora se pretende que el poder judicial sea un fiel defensor de los proyectos de la cuarta transformación, dictando sentencia guiadas por la ideología política más que por la ley.

Se pretende que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, lo que requerirá de enorme inversión de recursos públicos y no va a asegurar que las personas que ocupen los cargos en el poder judicial no sean corruptos, ni siquiera que sean capaces para ejercerlos. Lo único que sí se va a asegurar es que sean leales a la nombrada cuarta transformación.

Como sea, el desequilibrio en el poder está decidido y la población del país lo decidió así. La suerte del poder judicial está echada: la anulación de su autonomía y la destrucción de su servicio profesional de carrera garantizan su obediencia al ejecutivo.

El corrupto exministro Zaldívar, incondicional de López Obrador y quien ya inclinaba la balanza de la justicia a favor del ejecutivo, está sin duda festejando. Después de todo, lo que ocurrirá con el poder judicial implica la legalización de lo que él ya hizo durante su gestión, presionar para que jueces y magistrados emitieran fallos favorables a los intereses políticos del partido en el poder.

El sistema de contrapesos del Estado Mexicano está herido de muerte y contar con un poder judicial capaz y respetuoso de las leyes está llegando a su fin. Por supuesto que hay corrupción en el poder judicial tal cual existe hoy, pero la reforma propuesta no combate esto, solo carga los dados a favor del ejecutivo. Una vez más, como hemos visto a lo largo de este gobierno, gana la destrucción en lugar de la edificación.

No sé qué piensen ustedes, pero para mí, como ciudadano mexicano, la percepción de que mis libertades se hacen más pequeñas resulta abrumadora.