La reforma judicial en México, la cereza del pastel.

La recientemente aprobada reforma judicial en México va mucho más allá de la forma en que se eligen los jueces y magistrados, extendiendo sus tentáculos a la estructura del poder en el país y las entrañas mismas del estado.

El ejecutivo emanado del partido Morena y sus afines en el congreso mexicano, se afanaron por aprobar la dicha reforma, recurriendo a las más sucias tácticas a fin de lograr la mayoría calificada en el senado de la república, cámara del congreso donde les faltaban votos para alcanzarla.

Así, convencieron a dos legisladores del extinto Partido de la Revolución Democrática, que no alcanzó los votos en la pasada elección para lograr su supervivencia, para pasarse a su bancada y apoyarlos.

También consiguieron que un senador de Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Yunes, se ausentara por supuestos problemas de salud y su suplente, nada menos que su padre, también de apellido Yunes y del que se sabe tiene varios asuntos pendientes en investigación, terminara votando a favor de la reforma judicial. Por supuesto que esto levanta sospechas de lo que el gobierno ofreció a la honorable familia Yunes a cambio de su voto.

Por último, el padre de otro legislador de Acción nacional fue detenido justo en la fecha de la votación, provocando que el mencionado senador no se presentara a emitir su voto en contra de la reforma.

Pero toda esta evidente corrupción para lograr su objetivo es nada si se suma la bajísima calidad del debate legislativo en el senado, mismo que se dio en plena madrugada y en el que los apoyadores de la reforma, con absoluta necedad y oídos sordos desecharon los argumentos de la oposición con el pretexto de que el pueblo les dio los votos para hacer esa reforma.

Lo cierto es que la mayoría del pueblo mexicano no tiene ni idea de lo que es en realidad la reforma judicial y sus implicaciones, y solo ha sido manipulado en esa polarización de pobres contra ricos y ese discurso de odio de López Obrador y sus seguidores, disfrazado de bienestar popular.

Por principio de cuentas, una reforma judicial sí es necesaria en México. La corrupción de muchos jueces y magistrados es un secreto a voces y no es algo nuevo. Algunos a favor del presidente, como el exministro Saldívar, del que se filtró información de que presionó para que jueces sacaran sentencias a favor del gobierno, y la ministra Esquivel, con los rumores de que plagió su tesis, son solo algunos ejemplos.

Sin embargo, la recién aprobada reforma no hace nada para asegurar la correcta aplicación de la justicia, no establece controles ni mecanismos de auditoría interna ni mucho menos eleva los estándares para jueces y magistrados.

Esta simulación de reforma, la cual ha sido advertida de que atenta contra el estado de derecho, incluso por la comunidad internacional, como el gobierno de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, establece que jueces y magistrados se elegirán por voto popular, y aunque de entrada esto se escuche muy democrático, presenta muchos problemas.

Para empezar, los candidatos serán propuestos por el ejecutivo, el legislativo que está bajo su control, y el propio poder judicial ahora sometido al poder central. Además, serán tantos candidatos que el ciudadano difícilmente sabrá elegir, si es que se interesa por ir a perder tiempo en una votación arreglada en la que, además, por la misma abundancia de postulantes, se estableció que se usará un sorteo para limitar las opciones.

Es decir, adiós a la carrera judicial y la especialización de funciones. Un título de licenciado en derecho será suficiente para participar. Y no solo eso, ¿alguien ha pensado en el costo que implica una elección para jueces y magistrados?, pero claro, como se paga del dinero de los impuestos de aquellos quienes si trabajamos, a los burócratas del ejecutivo y legislativo no les importa.

La gravedad de este asunto y por lo que debiera importarnos el lamentable resultado y la vergonzosa exhibición de poder para aprobar este bodrio de reforma es que con ella se eliminan los contrapesos al poder central y se rezaga aún más el camino hacia el federalismo que nunca ha podido ser completamente instaurado en México.

Por la reforma judicial y por la manera en que se aprobó, México está cada vez más cerca de la dictadura, con un grupo en el poder que no escucha razones y que, sin contrapesos, está en capacidad de hacer lo que quiera, pues no reconoce errores y se aferra a defender la ineficiencia y a sacar el máximo provecho de su corrupción protegida ahora por total impunidad.

La única esperanza para el país es un despertar de la población civil que se ve lejano, pues el gobierno ha hecho bien su tarea de vendar los ojos de los pobres e ignorantes y aprovechar su odio a las clases medias y altas. Con esto se han asegurado un grupo de apoyo numeroso que está contento no con que le vaya bien al país, sino por el contrario, se sienten satisfechos si algunos grupos, como los trabajadores del poder judicial, entre otros, pierden beneficios que ellos no tienen.