Las reformas a la Ley laboral no aprobadas revelan el verdadero rostro de la clase política mexicana.
EL CORREO INDEPENDIENTE

Las reformas a la Ley laboral no aprobadas revelan el verdadero rostro de la clase política mexicana.

La reducción a la jornada laboral semanal en México de 48 horas a 40, así como el incremento de la prestación de aguinaldo de 15 a 30 días de salario están estancadas en el congreso nacional, generando la pregunta acerca de qué terminará pesando más, si el deseo por ganar las preferencias electorales del pueblo o los intereses empresariales.

Sam Terrazas | 4 dic 2023


A últimas fechas de han dado a conocer varias iniciativas presentadas en el congreso de la Unión relacionadas con una mejora en las prestaciones para los trabajadores mexicanos. Prestaciones que, cabe señalar, habían permanecido prácticamente estáticas desde que, en 1917, el Congreso Constituyente estableció los derechos sociales del artículo 123, dotándolos de rango constitucional.

Las reformas laborales aprobadas por el PAN y el PRI en las administraciones anteriores solo representaron un retroceso en la administración de las prestaciones de los trabajadores, extendiendo la edad de jubilación y desmantelando el sistema de pensiones de tal modo que el sector laboral no puede aspirar a una vida digna tras la jubilación.

Con el arribo de un gobierno federal de orientación política diferente, las cosas comenzaron a cambiar, aunque no del todo. El ejecutivo ha impulsado el incremento del salario mínimo lo que ha venido a beneficiar a una buena parte de los trabajadores formales con menores ingresos. No así con aquellos que no venían ganando el mínimo y que, por lo tanto, no se han visto beneficiados de un incremento obligatorio.

Otro cambio fue la aprobación de la ley en relación con el período vacacional, ya que los trabajadores mexicanos solían ser de los que menos vacaciones disfrutaban a nivel mundial, de tal modo que, incluso con la mencionada reforma, sigue quedando por debajo de muchos países. La Organización Internacional del Trabajo recomienda un mínimo de 18 días de vacaciones anuales y nuestro país pasó de 6 a 12 en el primer año.

Las iniciativas que están pendientes y a las que se les ha dado publicidad a últimas fechas son principalmente dos. La de reducción de la jornada semanal de 48 a 40 horas y que tiene que ver con el hecho de que los trabajadores mexicanos son de los que más horas trabajan a nivel mundial, con consecuencias graves sobre la salud física, mental y el bienestar familiar de la población, y la que propone incrementar la prestación de aguinaldo de 15 a 30 días de salario.

La publicidad a estas iniciativas creó la expectativa entre la población de que se aprobarían antes del cierre de año, permitiendo que los trabajadores recibieran doble aguinaldo en 2023 y que se iniciara el 2024 con la jornada laboral reducida. Esta expectativa fundaba sus bases en el hecho de que se acercan las elecciones federales para el cambio de gobierno en 2024 y era de esperarse que los grupos parlamentarios de los diferentes partidos políticos buscarían ganarse el favor de la gente.

Esto, sin embargo, no ocurrió, y no parece que vaya a ocurrir en el futuro cercano. Por supuesto, ya se esperaba resistencia de parte de los grupos empresariales, pues ambas iniciativas significan una reducción en el margen de ganancias que están muy acostumbrados a ganar a costa de mantener prestaciones salariales y beneficios muy por debajo del valor de la fuerza laboral que emplean.

Carlos Slim, el hombre más rico de México, recientemente se declaró contra la reducción de la jornada laboral, diciendo que “hay que trabajar más para ganar más”, y que no sería conveniente para los trabajadores una jornada más corta de labores pues ganarían menos de lo que hoy perciben. Declaraciones muy lógicas, la verdad, puesto que los propios trabajadores temen una reducción de sus ingresos a la par de reducción de la jornada, si esta se aprueba.

¿Es justo reducir la jornada laboral?, la respuesta es un rotundo sí. A los empresarios mexicanos les cuesta asimilar que quienes trabajan para ellos son personas que se merecen llevar una vida digna, entendiéndose por esta que perciban lo suficiente para la manutención de sus familias, cubriendo las necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestido y salud, pero también aquellas de educación, autorrealización y esparcimiento.

Para lograr esto se requiere de jornadas de trabajo menos extenuantes, pero al mismo tiempo que los salarios pagados se mantengan al nivel apropiado para asegurar la calidad de vida del trabajador. Y aquí es en donde estriba la dificultad del proceso; no es solo aprobar la reducción de la jornada laboral, sino legislar para impedir que el sector empresarial reduzca salarios, despida empleados, o contrate bajo esquemas temporales que castiguen todavía más los derechos laborales en su afán de mantener las ganancias criminalmente altas que obtienen muchos de ellos.

Pero aún más, los diputados de todas las facciones políticas, que regularmente no se ponen de acuerdo en nada, ahora sí parecen estar de acuerdo en retrasar estas resoluciones. Los que pertenecen a una corriente de derecha solo están haciendo lo que siempre han hecho, conforme a su naturaleza, protegen los intereses empresariales a los cuales sirven.

Pero los de izquierda, o supuestamente de izquierda, los que corresponden al partido mayoritario en el poder…esos son los peores. Porque tienen mayoría y así y todo contribuyen a la parálisis legislativa, dejando ver su verdadero rostro. Son servidores de los mismos intereses y no les preocupa el pueblo mexicano mas que para manipularlos y obtener su voto en las elecciones del 2024.

Unos y otros están dejando ver su verdadero rostro, uno que a la población no le gusta nada y se escudan en que el sistema actual solo permite elegir entre los malos y los peores. Hasta que ya no sea así, porque el hartazgo de la gente tiene un límite. Ya antes se han dado cambios que han sacudido la estructura política desde sus cimientos por parte de la sociedad, bien podríamos estar en el umbral de un nuevo cambio que la ceguera de los grupos políticos y económicos les impide ver.

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