Los secuestros en Sinaloa, otra consecuencia de un estado fallido.

El pasado 22 de marzo de 2024, en la ciudad de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa, se dio a conocer que 66 personas habían sido víctimas de secuestro, situación bastante atípica por el gran número de individuos secuestrados en una sola operación coordinada por el crimen organizado.

Aunque el término empleado en términos generales por los medios de comunicación fue el de secuestro, en realidad esta situación no se ajusta a las características de este tipo de delito, puesto que no se contactó a familiares de las víctimas para pedir un rescate, por lo que, estrictamente hablando, se trató lo que se conoce como “levantón”, que significa una privación de la libertad con carácter temporal.

Transcurridos un par de días, las personas privadas de la libertad comenzaron a ser localizadas por las autoridades, no porque los hubieran rescatado, sino porque quien se los llevó comenzó a liberarlos. Así que, a la fecha, han sido encontradas cincuenta y ocho de las sesenta y seis víctimas que fueron retenidas, quedando ocho de las cuales se desconoce su paradero.

De inicio, las especulaciones apuntaban a que dos facciones del cártel de Sinaloa, la liderada por los hijos del chapo Guzmán y otra a cargo de un tío suyo, se encontraban en pugna y que el secuestro masivo fue resultado de estas diferencias. Sin embargo, dichos rumores nunca fueron confirmados y posteriormente hubo acontecimientos que los desmienten.

En la mañana del martes 26 de marzo, en Culiacán se desplegaron varios narcomantas firmadas con las siglas “IAG”, en referencia a Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos, con un mensaje diciendo que los hechos ocurridos en Culiacán tendrían que ver con una serie de robos a casas habitación que se reportaron en el estado.

El contenido del mensaje fue el siguiente: “Atención. No hay guerra en Sinaloa. Esto le va a pasar a todos los rateros de Sinaloa para que sientan lo que sienten las familias cuando se meten a robarle sus casas a invadir su privacidad. Aquí no se permite el robo, secuestro, extorsión, ni cobro de piso. Ya saben cuáles son los principios de la organización”

Así, aunque el levantón masivo si puede atribuirse al cártel de Sinaloa, sus motivos son muy distintos a una guerra entre el propio cártel y se hace evidente que se trató más bien de una advertencia hacia aquellos que cometen delitos en contra de la población en un estado en el que la justicia corre a cargo del crimen organizado.

Es eso lo que convierte a este hecho en uno de los más claros indicadores del fracaso del gobierno mexicano en materia de seguridad, porque, aunque quienes habitan en pueblos, ciudades y estados donde grupos del crimen organizado detentan el poder real, saben desde hace tiempo que estas organizaciones protegen a la población civil, nunca se declaró de forma tan abierta y definitiva.

Un gobierno que es tan completamente inútil para mantener el orden y la paz, que es el propio crimen organizado a través de sus principios y código de ética internos quien debe actuar para proteger a la población y la operatividad de los negocios, no tiene razón de ser.

Y no solo existe debilidad de parte de la autoridad mexicana para proteger a sus ciudadanos, sino que últimamente existe también una indiferencia alimentada por la negación de que lo que ocurre en el país en materia de seguridad es grave y se encuentra cada vez peor.

Si situaciones como la ocurrida en Culiacán se siguen presentando, seguirán acumulándose las evidencias de un estado fallido, el cual resulta gravoso a través del cobro de impuestos de los cuales la población que aporta a la economía del país obtiene solo una muy pobre, casi nula retribución, y cuando se rebase cierto límite, un cambio de administración va a resultar imperante.