Operativo enjambre, un esfuerzo de inteligencia selectivo y de difusión masiva.

A finales de noviembre se dio a conocer la ejecución de la primera acción colaborativa en materia de seguridad del nuevo gobierno federal, en lo que se ha anunciado como el primer gran golpe en contra del crimen organizado.

El llamado “operativo enjambre” comenzó el pasado 22 de noviembre, cuando fuerzas de seguridad se desplegaron a lo largo de varios municipios del Edomex y detuvieron a siete de los 14 funcionarios públicos que contaban con órdenes de aprehensión.

Con el paso de los días las detenciones fueron en aumento, de tal modo que en el informe de seguridad del pasado 3 de diciembre, Omar García Harfuch, secretario de seguridad federal, anunció que, a la fecha, ya suman 24 detenidos. A esos 24 detenidos habría que sumar un muerto, ya que se conoció que uno de los presuntos criminales se suicidó enfrente de los elementos de seguridad que fueron a detenerlo.

La Fiscalía del Edomex emitió un comunicado manifestando que en coordinación con las autoridades que integran el Gabinete de Seguridad Nacional, el Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) realizaron labores de investigación e inteligencia con el propósito de desarticular la red de apoyo municipal a miembros de diversas organizaciones criminales que operan en la entidad tales como la Familia Michoacana, Jalisco Nueva Generación, Unión Tepito, Nuevo Imperio y Anti-Unión Tepito.

En el balance procesal de la fiscalía se detalló que como resultado del operativo se logró la obtención de mandamientos judiciales en contra de veinticuatro servidores públicos. Una presidenta Municipal, un presidente Honorario del DIF, ocho comisarios y/o directores de Seguridad Pública, así como cuatro mandos y diez elementos de corporaciones de seguridad de doce municipios: Nicolás Romero (10), Acambay (1), Aculco (1), Amanalco (2), Coatepec Harinas (1), Ecatepec (2), Ixtapaluca (2), Naucalpan (1), Tejupilco (1), Texcaltitlán (1), Tlatlaya (1) y Tonatico (1).

Estas detenciones, que han sido presentadas como un gran golpe contra el crimen organizado, pueden o no resultar válidas, dependiendo de si al finalizar los procesos se demuestra con evidencias que las personas detenidas en verdad están involucradas en los delitos que les imputan.

Por desgracias, como suele suceder en México, las investigaciones y juicios pueden tomar años y el resultado no necesariamente podría alinearse a una verdadera aplicación de la ley, especialmente cuando hay motivos políticos involucrados. Así que, si llegamos a conocer la verdad algún día, puede haber pasado tanto tiempo que el resultado ya no importe a nadie.

La principal duda surge por la similitud de este operativo con otros ejecutados por anteriores gobiernos, en los cuales el objetivo es hacer ver que el nuevo gobierno tendrá mano dura y una estrategia efectiva en contra del crimen organizado. Apariencia por encima de realidad.

Otra inconsistencia es que no fueron tocados otros municipios de los cuales es bien conocida su prevalencia de criminalidad y donde el involucramiento de las autoridades con grupos delincuenciales es un secreto a voces. Esto levanta sospechas en el sentido de que el operativo enjambre fue selectivo, cuidándose de proteger a aquellos con una relación con el nuevo gobierno.

A pesar de todo lo mencionado, es posible otorgar el beneficio de la duda y pensar que las intenciones del nuevo gobierno en verdad están dirigidas a combatir la corrupción y el crimen organizado. Por desgracia, las probabilidades de que sea así, dada la experiencia previa, son realmente pocas.